Redacción Lengua Verde
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El Boletín Oficial de la República Argentina anunciaba el pasado 27 de agosto, la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos. A través del decreto 591/19 se flexibilizan las normas que determinan qué materiales desechados pueden ingresar al territorio. Entre otras cosas, ya no será obligatorio presentar un certificado del país de origen, donde se acredite que los residuos no son peligrosos para la salud o el ambiente.
Entre los materiales que ahora se permiten importar indiscriminadamente, se encuentran el aluminio, papel, cartón, vidrio y plásticos provenientes de Estados Unidos y Europa; países que antes enviaban sus desechos a China y el Sudeste Asiático y donde actualmente se rechaza ésta importación. Por esto, Argentina se convierte en el nuevo destinatario.
¿Por qué importar basura para reciclar, cuando el Gobierno apenas puede con las 12.000 toneladas diarias -según datos del Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)- que se producen en el Gran Buenos Aires, La Plata, Ensenada y Berisso?
El nuevo decreto es, como mínimo, irracional económica y ambientalmente, como así también inconstitucional -puesto que no respeta el principio garantizado en la Carta Magna de no retroceder en la protección del ambiente-.
Los últimos gobiernos no sólo fracasaron con las políticas estatales para cumplir con la Ley de Basura Cero, la cual establecía en 2005, la reducción del envió de residuos a rellenos sanitarios un 30% en 2010, 50% en 2012 y 75% en 2017. Además la actual gestión de Mauricio Macri aprobó la modificación de la Ley para una reducción del 50% en 2012, 65% en 2025 y 80% en el 2030.
Como si los problemas ambientales fueran pocos, se estima que la capacidad del CEAMSE se agotará en los próximos cinco años. ¿La respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Avanzar con los planes de quema de residuos a partir de la construcción de plantas incineradoras en la ciudad.
La página web del Gobierno porteño explicaba, hasta junio de 2018 cuando la publicación desapareció, que las plantas incineradoras emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud. Sustancias que son cancerigenas, persistentes, bioacumulables y que pueden dispersarse a grandes distancias de su fuente. Además, la construcción de una incineradora supone un alto coste, no sólo de instalación, sino también de mantenimiento; así como la concesión de contratos por décadas a las empresas que gestionarán las instalaciones.
En vista del escándalo ambiental que supone la contaminación producida por el país y, ahora también, la entrada de residuos desde otros países, es de suma importancia exigir a los candidatos políticos que incluyan en sus agendas contenido ambiental orientado tanto a la conservación del patrimonio silvestre como a las necesidades humanas. Es urgente, también, debatir alternativas tecnológicas a la incineración, como la pirolisis -donde los plásticos de trituran y derriten a temperaturas bajas con menos oxigeno- , como continuar el debate por la Ley de Envases con el fin de establecer un manejo responsable de plásticos desde el comienzo de la cadena de producción de residuos.