Según un informe publicado por la revista Cardinalis del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC las áreas protegidas de la provincia se encuentran en peligro. Algunas de las causas de la pérdida de bosque son: la deforestación, la tala irracional, los incendios forestales, el sobrepastoreo, la presión inmobiliaria y el avance agrario, urbanístico y minero.
Retamal Borgogno, María Emilia emiret97@gmail.com
Zampaglione Mujica, Sofía Natalia zampaglionesofi@gmail.com
Córdoba es una de las provincias argentinas con mayor territorio protegido bajo alguna figura provincial, municipal o nacional. La superficie suma el 24% de su territorio, sin embargo menos del 1% de ésta se encuentra bajo manejo activo, puesto que muchas de las áreas se quedan meramente en el documento que prueba su existencia; a esto se le conoce como “áreas protegidas de papel” ya que no se realizan implementaciones para mejorar su control, ni su preservación.
Para contextualizar la problemática, el Gobierno Provincial reconoce sólo 17 de las 23 áreas protegidas existentes, y dos corredores biogeográficos. En los últimos años, en el marco de una conflictividad producto de la falta de gestión y de la construcción de nuevas autovías, se inauguraron tres áreas protegidas: dos en el norte mientras se debatía la Ley de Bosques N° 9814, y la Reserva Forestal Natural Sierras de Punilla durante el conflicto vial en esta área.
Sin embargo, a pesar de su creación y visualización, se unen a las áreas protegidas donde no se cumplen la Ley 6964/83 -creación y funcionamiento de Áreas Naturales-, Ley Nacional Nº 26.331 -Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos-, Ley 9814 de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba, entre otras. En estas leyes se establece la necesidad de una correcta organización, planificación y gestión en relación a la conservación de las áreas protegidas; así como la necesidad de Guardaparques y personal capacitado, acompañado por vehículos y herramientas adecuadas para el manejo de las Áreas Protegidas.
Consultamos sobre el tema a Cristian Schneider, biólogo, miembro de ACEN (Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza) que expresó: “Hay algunas leyes que ni siquiera delimitan las áreas protegidas, o están mal armadas, o no están claras, o hay un proceso técnico posterior que no se hizo”. También explicó que en el territorio incluso ocurren cosas que pueden estar en contra o quebrando esas leyes, como el avance del mercado inmobiliario y el avance de la urbanización. “La gente va comprando terrenos en ambientes naturales sin ningún acompañamiento del estado que lo regule”, afirmó Schneider.
El incumplimiento de las leyes previamente mencionadas no sólo conlleva una pobre regulación sobre las áreas sino que, como se lee en el Informe Áreas desprotegidas. Análisis de la gobernanza en las áreas protegidas de Córdoba, Argentina: “A la situación de deterioro y abandono de las áreas protegidas se suma uno de los problemas originales que sufre la provincia: la deforestación. La tala irracional, los incendios forestales, el sobrepastoreo, la presión inmobiliaria y el avance agrario, urbanístico y minero, son las causas más sobresalientes de la pérdida de bosque.”
Como menciona el informe, una de las mayores problemáticas socio ambientales surge de los incendios forestales. Para finales del año 2017, la cifra de territorio afectado por los incendios naturales o antropogénicos, sumaba 1.054.600 de hectáreas de las 16 millones con las que cuenta la provincia. Durante ese mismo año, se quitó el impuesto presente en la factura de energía destinado al Plan Provincial de Manejo del Fuego. Esto conlleva el incumplimiento de la Ley 8751 que tiene por objeto establecer las acciones, normas y procedimientos para el Manejo del Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales, forestales y urbanas en el ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba.
Los incendios forestales provocan grandes y graves daños entre los que se encuentra la destrucción de hábitat, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, contribuye al efecto invernadero, incrementa el riesgo de erosión, deforestación y la pérdida no sólo de bienes materiales sino también de vidas humanas.
Todos estos factores, sin embargo, no parecen suficientes para que el gobierno cumpla con la Ley 8751, ni destine un presupuesto digno al Plan Nacional de Manejo del Fuego así como a la capacitación adecuada de los Bomberos Voluntarios. La eliminación del impuesto conlleva a que no se designe un monto invariable hacia el Plan; el gobierno determina ahora, cuánto destina dependiendo del presupuesto total de la Provincia. Schneider considera que la eliminación del impuesto constituye a su vez una pérdida de política pública, y añade: “Esa buena porción de dinero del fondo podría ir a acciones concretas de manejo ambiental, desde la planificación hacia la acción a corto plazo de restauración de los ambientes”.
Actualmente, no se encuentra en desarrollo ningún programa por parte del gobierno de recuperación del bosque nativo incendiado. Sin embargo, hay proyectos particulares como la resiembra de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende por parte de un grupo de jóvenes miembro de la Coordinadora ambiental, en conjunto con el vivero de la Escuela Juana Manso; así como el desarrollo de SARTiv, un sistema satelital de alerta y respuesta temprana a incendios de vegetación desarrollado por INTA en conjunto con CONAE.
Estas tecnologías, de cualquier manera, no pueden ser utilizadas en tiempo y forma puesto que al no estar articuladas en conjunto con trabajos de políticas públicas, así como logística y planificación por parte del gobierno, siempre se encuentran un paso atrás de lo que la realidad exige.
En conclusión, se puede observar una evidente falta de importancia hacia las áreas protegidas por parte de los gobiernos, los cuales no cumplen con las regulaciones establecidas en leyes provinciales y nacionales a través de concesiones inmobiliarias a empresas, la eliminación de presupuestos, la falta de planes de manejo, entre otras. Esta falta de regulación se debe, en parte, a intereses privados que necesitan de esta invisibilización y de las “áreas papel” para expandir sus intereses económicos.
En vista de las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de mayo, no hay discursos políticos que visibilicen la realidad ambiental que se vive en la Provincia de Córdoba. Esto conlleva a pensar que no se verán soluciones a corto plazo por parte del Gobierno; es necesario, por ende, la participación ciudadana para exigir el cumplimiento de las leyes previamente establecidas y la educación cultural para replantearse las conductas cotidianas para con el medio ambiente.